Fiscal ha recalcado que en la Junta de Andalucía se trabaja desde hace tiempo en la lucha contra los efectos del calentamiento global, de ahí que se esté tramitando una Ley Cambio Climático, con objeto de dar soporte jurídico a las medidas que ya se están tomando desde hace más de 15 años. Con ella, se da un paso más en la exigencia de los compromisos que tiene en esta materia el territorio andaluz.
Según las previsiones de cambio climático para Andalucía la tendencia hacia el incremento de temperaturas y reducción de precipitaciones puede conducir al incremento en la intensidad y la duración de los periodos de sequía en determinadas áreas de nuestra comunidad. Fiscal ha recalcado que ante esta situación, el Gobierno andaluz no se pone de perfil, sino que trabaja para implementar acciones frente al cambio climático, con la mejor herramienta que tiene a su alcance, como es el el ámbito legislativo. En este sentido, el anteproyecto de Ley Andaluza de Cambio Climático establece 12 áreas estratégicas prioritarias para la adaptación al cambio climático en Andalucía, ente ellas las relacionadas con los recursos hídricos.
José Fiscal ha destacado que la problemática de la gestión del agua está reflejada en los Planes Hidrológicos de las cuatro cuencas que discurren por Andalucía, unos planes que han sido aprobados por el Gobierno central y que establecen una serie de objetivos medioambientales con un horizonte temporal al año 2021. Los objetivos de la planificación hidrológica reflejan los tres grandes problemas del agua en Andalucía, la cantidad y el reparto del recurso, la calidad del agua, y los fenómenos extremos, y entre estos, la sequía.
El consejero ha recordado que en Andalucía conviven diferentes administraciones en la gestión del agua, como el Estado, la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales; y todas deben ser un ejemplo de coordinación, colaboración y lealtad institucional con el objeto de prestar el mejor servicio a los ciudadanos.
